POR CADHAC
Ciudadanos en Atención a los Derechos Humanos
Desde la noche del 9 de octubre se registró un nuevo motín en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Cadereyta, sumando cuatro eventos de este tipo en los centros de reinserción social estatales en lo que va del año. Los acontecimientos denotan una continua crisis en el sistema penitenciario estatal, además de reiterar la ineficiente respuesta de las autoridades ante una problemática que se ha ido agravando y que no obstante sigue siendo ignorada.
Las acciones que ha realizado la administración estatal, evidencian una falta de voluntad política para atender el problema estructural del sistema penitenciario. La respuesta del Estado ante los motines ha sido sumamente violenta e ineficaz. El manejo de la Administración Penitenciaria estatal demuestra un desprecio profundo de los derechos de las personas privadas de la libertad. La violencia y el uso desproporcionado de la fuerza no solo agravan la situación, sino que ocasiona que el costo del mal manejo penitenciario, recaiga en las personas privadas de su libertad y sus familiares. Hoy hemos recibido múltiples quejas de los familiares de los internos del Cereso Cadereyta, reportando que están siendo golpeados, baleados e inclusive amenazados por funcionarios.
Debido a esto, desde CADHAC exigimos una vez más a todas las autoridades responsables:
1. Respeto y protección a la integridad física y moral de todos los internos del penal de Cadereyta.
2. Información clara y oportuna a las familias sobre la situación de las personas privadas de la libertad.
3. Atención médica y psicológica inmediata a quienes resulten lesionados.
4. En caso de muerte, a) se informe de manera rápida y privada, primeramente a la familia, b) se les acompañe en el proceso de reconocimiento y entrega del cuerpo, y c) otorgue reparación del daño correspondiente.
5. Revisión seria y objetiva de las causas que originaron este motín, así como la elaboración de estrategias para que no vuelva a ocurrir.
Por lo anterior, hacemos un llamado urgente para que las autoridades responsables competentes hagan un manejo oportuno de la situación, siempre apegadas al respeto irrestricto de los derechos humanos y la legalidad.
