POR RAÚL A. RUBIO CANO
La selección de fiscales en el Congreso del Estado es un escándalo que va en ascenso, por eso, el gobernador en funciones Manuel González y su equipo selecto de abogados, ya pintaron raya para no salir implicados en tal desbarajuste y, se sabe que van con todo para buscar meter orden en tales designaciones de candidatos a fiscales con muy negros antecedentes e incapacidades diversas y, que ante el proceso electoral que se vive hoy, el Congreso ha quedado en manos de inexpertos diputados que ocupan los curules de quienes se fueron a las diferentes campañas electorales y por eso, esos “segundones” de los que se fueron, ya tienen el Congreso hecho un desastre. Mire usted que sí no. Ahí está el caso de la candidata a Fiscal especializado en delitos electorales: Claudia Patricia de la Garza Ramos. Ella se ha desempeñado profesionalmente entre otras cosas, como funcionaria de Tribunales Electorales en Coahuila y Nuevo León, resultando implicada en el cobro de un sobresueldo como integrante de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEE) en el año 2015, según informe de la Auditoria Suprior del Estado (ASE), organismo brazo calificador del Congreso. El monto de dinero tomado por Garza Ramos y otros funcionarios, que ellos mismos se asignaron durante cinco meses, asciende a la cantidad de 2 millones 639 mil 028 pesos y el motivo para ello fue “exceso de trabajo”, concluyendo la ASE que ese sobresueldo de “los agotados” funcionarios de la CEE, fue indebidamente autorizado y percibido y causó un daño al erario, un dinero que debe de ser reintegrado; además, que ello ameritaba una sanción administrativa. A tal postura de la ASE, Claudia Patricia y demás implicados no acataron lo señalado, se inconformaron y presentaron un juicio y demandaron a la ASE, pero la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les dio palo y gacho. Sin embargo, en la Cuenta de la CEE del año 2016, el asunto sigue vivo. Todo lo anterior, nos lleva a preguntarnos: ¿Cómo el Congreso seleccionó y posiblemente votará por una persona para fiscal electoral, cuando ella trae un “pleito vivo” por ese dinero mal asignado y cobrado en contra de la misma CEE? Cabe mencionar además, que Claudia Patricia sigue siendo funcionaria de la CEE, porque firmó la semana pasada la negación a revisar el proceso por haber autorizado la CEE el ingreso de la petición de “consulta ciudadana” de Samuel García, para justificar el “agandalle” del Río Santa Catarina y por eso, ayer a mediodía, se demandó al Congreso del Estado, Punto de Acuerdo sobre lo que sería un verdadero conflicto de intereses para desechar posible designación de Claudia Patricia a la Fiscalía especializada de delitos electorales; no hablemos por el momento del también sucio trabajo que ejerce Claudia Patricia en quitarle a gente humilde sus casas, mediante el llevar muy cuestionados juicios a favor de Eduardo Jaime Martínez. Ya hablaremos de esto último y exigiremos Justicia ¡Órale! raurubio@gmail.com
