Por Lupita Rodríguez Martínez
Monterrey.- El oscuro panorama de la desaparición forzada en México, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es que han desaparecido 29 mil 156 personas en los últimos diez años (del 2006 al 2016).
Pero, ante la falta de información oficial precisa y confiable, los casi tres mil desaparecidos por año no serían las cifras definitivas, ya que dicha cantidad podría representar solamente el 25 por ciento de las desapariciones.
Lo anterior, según representantes de agrupaciones civiles, que con el respaldo de investigaciones hechas por expertos académicos y funcionarios honestos, proyectan que la cifra de desaparecidos podría ser de 120 mil.
Lo terriblemente doloroso es que madres, padres, hermanos, esposas, hijos, amistades y demás familiares, viven a diario la incertidumbre de saber que sus desaparecidos fueron asesinados.
Es el dolor humano terrible que las familias mexicanas padecieron durante los años de la represión gubernamental, la llamada “guerra sucia”, y que ahora se detonó a partir de que el gobierno calderonista declaró “la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado”, cuyas víctimas colaterales son miles de asesinados, heridos, torturados, extorsionados, secuestrados y desaparecidos a lo largo y ancho del país.
Aunque la Procuraduría General de Justicia (PGJ) admita que existe un subregistro de las desapariciones, debido al temor de algunos de los familiares para presentar la denuncia, la realidad es que ni la propia PGR, ni las procuradurías de los Estados cuentan con la información precisa.
Lo trágico es que la tendencia va en aumento.
Más allá de los temores fundados de la ciudadanía y de la falta de información oficial, las desapariciones siguen porque persiste la violencia e inseguridad, porque la corrupción e impunidad campea en la procuración de justicia y, lo peor de todo, porque no hay voluntad política de los gobiernos para buscar y localizar a los miles de desaparecidos.
A diez años de padecer tan atroz problemática, la iniciativa de Ley General de Desaparición Forzada sigue “congelada” y no hay disposición legal que obligue a nuestros gobernantes a destinar presupuesto suficiente para la contratación de criminólogos profesionales y la capacitación de agentes ministeriales, a pesar de la reforma constitucional del 2016 que obliga a expedir dicha Ley que establezca la concurrencia federal, estatal y municipal para proteger los derechos de las víctimas.
No es posible que ante tanto dolor y desesperanza, las procuradurías no cuenten con una fiscalía especializada, ni con equipos de investigadores ministeriales de tiempo completo para la búsqueda y localización, que no estén definidos jurídicamente los tipos de desaparición, que no exista un registro oficial confiable y, más grave aún, que haya nula coordinación.
Sería perverso y criminal que tal desinterés fuera por conveniencia, con la intención de que los familiares opten por el silencio y la resignación.
La cifra de desaparecidos en Nuevo León, según la CNDH, es de dos mil 374, aunque para varios medios de comunicación que se han dado a la tarea de llevar una contabilidad lo más exacta posible, la cifra de infortunados es el doble, hecho que inclusive provocó el resurgimiento de la consigna “¡Vivos se los llevaron… Vivos lo queremos!”, proclamada por las madres de desaparecidos durante la “guerra sucia”, encabezadas por doña Rosario Ibarra de Piedra, cuyo activismo social se mantiene en pie de lucha por ese hijo al que jamás encontró: Jesús Piedra Ibarra.
Si en las décadas de los ‘60 y ‘70 el fenómeno de los desparecidos surgió más bien como un acto de terrorismo de Estado hacia la sociedad; es decir, como un método represivo, en la actualidad se ha convertido en un acto cotidiano por parte de miembros de la delincuencia organizada, que operan impunemente ante la falta de una autoridad capaz de perseguirlos y castigarlos.
Contra el silencio por miedo o dolor, apoyemos el grito de esperanza lanzado a nivel nacional e internacional por agrupaciones civiles y familiares de desaparecidos que, con una actitud valiente a causa de la frustración y la desesperación de no poder asimilar tan terrible tragedia, exigen justicia y piden solidaridad en la lucha para que miles de casos de víctimas colaterales no se cierran, ni se olviden y, sobre todo, que nunca jamás se repitan.
