POR RAÚL A. RUBIO CANO
Ante la búsqueda de Samuel García, supuesto candidato a Senador de la República por el Movimiento Ciudadano, para lograr que se realice Consulta Ciudadana el día de las próximas elecciones presidenciales y de otros funcionarios, sobre proyecto afín al interés de los Zares del desarrollo urbano local (y que Samuel presume como obra propia de él, cuando es un proyecto que data desde el gobierno del Gobernador Medina, en el año 2013), para apropiarse y privatizar un bien común, que es de todos y que tiene su propia dinámica ambiental para prestar sus servicios hídricos a la cuenca del bajo Río Bravo, como es el Río Santa Catarina y, que ya analizando la información que data de los años 2013 y 2014, es un proyecto realizado por la empresa gringa AECOM, y se busca con la privatización del Santa Catarina, impulsar la apropiación de ambos márgenes del río en los municipios de Monterrey y San Pedro Garza García y meter mano en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey y hacer grandes negocios para desarrollar dos presas rompe picos más, a la existente y otras tres presas de menor tamaño (cuando en los Estados Unidos se están ya eliminando las presas, por nocivas al medio ambiente); toda una serie de proyecciones sin justificación jurídica alguna, y violando hasta acuerdos internacionales contra el Cambio Climático, no digamos la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; bueno pues, el pasado miércoles 26 de abril del presente, la Comisión Estatal Electoral (CEE) que dirige el doctor en derecho, Mario Alberto Garza Castillo y siete Consejeros Electorales y representes de los partidos, consideraron a bien aceptar la solicitud de Samuel García y reconocer las firmas que supuestamente avalan el proyecto que propone, para ingresarlo a un proceso que determine su definitiva aceptación o rechazo total; o sea, se convirtieron, al momento de aceptar ese proyecto de particulares, en un “Tribunal Espacial” violando el Artículo 13 Constitucional, que prohíbe erigir tribunales especiales para obras de particulares que no tiene nada que ver con el respeto a la Naturaleza y al resto de los habitantes del Área Metropolitana de Monterrey, sino al mezquino interés de valorizar los capitales de los Zares del imperante desarrollo urbano, ausentes de una visión metropolitana e interés social colectivo y de respeto al medio ambiente y, sí a favor –insistimos- de los interese mezquinos de unos cuantos especuladores y desarrolladores urbanos. Por todo ello, el licenciado Mariano Núñez y un servidor, hicimos una petición para un Derecho de Audiencia a la CEE por tal comportamiento y resulta que ellos nos informaron ayer, que tal solicitud de audiencia la transformaron en un recurso de revisión, ya que el expediente que causaba molestias era ambiental y el cuerpo del delito era un ecocidio; extrañamente, utilizando analogías de procedimientos y argumentaciones “cantinflescas” (con el debido respeto para Cantinflas). Por lo tanto, el día de hoy, a medio día, asistiremos a la CEE a interponer un Amparo Directo ¡Órale! raurubio@gmail.com
