POR LUPITA RODRIGUEZ MARTINEZ
Monterrey.- Aunque las Áreas Naturales Protegidas de Nuevo León sólo ocupan el 2.5 por ciento de toda la extensión territorial de nuestro Estado, cada vez son más recurrentes y preocupantes las invasiones cometidas por desarrolladores inmobiliarios a estas zonas de preservación ecológica.
Desde el 2000, año en que el gobierno estatal redelimitó el Parque Nacional Cumbres de Monterrey de 246 mil 500 a 177 mil 395 hectáreas, debido precisamente por el ultra crecimiento de la mancha urbana, hoy las áreas de conservación para la flora y la fauna se encuentran más amenazadas.
Cabe señalar que de manera paralela al decreto de redelimitación fueron declaradas 23 nuevas Áreas Naturales Protegidas, cifra que aumentó a 27 en el año del 2005, siendo todas ellas reservas naturales en constante peligro por la invasión inmobiliaria debido a la voracidad de los desarrolladores.
Así tenemos que de un total de 157 mil 723.23 hectáreas con declaratoria de preservación, por lo menos el 20 por ciento han sido invadidas o afectadas, lo cual deja en evidencia el desinterés de las autoridades por proteger el medio ambiente, situación lamentable que genera peores condiciones de contaminación del aire.
A ello debemos agregar las denuncias por contubernio entre los desarrolladores inmobiliarios y las autoridades gubernamentales como la principal razón para que no se respeten las zonas naturales protegidas, alarmante situación que no combatirse ahora y a fondo nos traerá consecuencias más dañinas y fatales para la salud pública en el futuro.
El común denominador en este grave problema se llama: corrupción.
Así lo han denunciado durante más de 17 años los grupos ambientalistas de Nuevo León, que de manera persistente han señalado al llamado “cártel inmobiliario” como el responsable de las invasiones al Cerro de La Silla, al Parque Chipinque, al Parque La Huasteca, al Parque Fundidora, al Parque Obispado y al Río Santa Catarina, del cual pretenden apropiarse mediante una consulta pública en la próxima justa electoral, todo a raíz de querer traficar los terrenos del cauce por la avaricia de los zares del urbanismo local.
Resulta vergonzoso y aberrante que quienes integran dicho “cártel inmobiliario” y quienes están obligados a proteger la salud pública, el medio ambiente y el desarrollo urbano sustentable, sean los responsables de convertir en letra muerta las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano en materia de áreas naturales protegidas.
Si se acatara la Ley no habrían ocurrido las invasiones inmobiliarias o habrían sido detenidas o se estarían combatiendo jurídicamente, como sucedió con la pretensión de instalar una pedrera en la Sierra Picachos dentro del municipio de Dr. González, cuyas autoridades le dieron reversa a los permisos de autorización gracias a la presión de abogados ambientalistas o como el caso del Cerro de La Silla, en donde fueron detenidos 21 proyectos inmobiliarios por ser ilegales.
Sin embargo, por la falta de defensa legal el Parque Nacional Cumbres perdió el 50 por ciento de su tamaño original, pues de las 246 mil hectáreas originales hoy no sobrepasa las 120 mil hectáreas, a pesar de que todos y cada uno de los decretos de áreas naturales protegidas establecen: «Queda prohibido llevar a cabo dentro de la zona núcleo en mención cambiar el uso de suelo a excepción de repoblación forestal con especies nativas».
Cualquier permiso municipal o estatal para construir dentro de la zona núcleo de un Área Natural Protegida debe ser considerado como ilegal, pues mientras nuestras zonas de reserva ecológica continúen siendo invadidas, la población nuevoleonesa quedaremos a merced de los desastres naturales al estar sin la capacidad de contenerlos con defensas naturales.
Un población de más de cinco millones de habitantes, como la nuestra, no podrá subsistir con el 2.5 por ciento de reservas naturales, pues nos estamos condenando a sobrevivir con más desertificación, más deforestación y más contaminación, con menos agua y menor calidad de vida, siendo siempre una ciudad destinada al subdesarrollo por no ser una ciudad sustentable.
Las experiencias de vivir sin defensas naturales ya las estamos padeciendo con inundaciones en tan sólo dos horas de lluvia, con destrucción por ventarrones de media hora, con olas de calor abrasador y de frío extremo, todo esto porque las reservas naturales las hemos ido perdiendo.
