Nacen como un Proyecto Piloto para ofrecer atención educativa-asistencial a niñas y niños de 45 días de nacidos a 6 años de edad, con el fin de dar respuesta a las madres trabajadoras de zonas urbano-marginadas.
En 1994 son incorporados a la SEP como Proyecto Estratégico y en el 2010 pasan a formar parte de la Secretaría de Educación del Estado, mediante Acuerdo publicado en el Periódico Oficial el 8 de diciembre del 2010.
Durante los primeros años, los Cendis salen adelante gracias al trabajo voluntario de sus maestras y al apoyo de la comunidad. En los años siguientes reciben una aportación federal etiquetada para su operación y funcionamiento.
Dicha aportación es aprobada cada año por la Cámara de Diputados y por el Congreso de Nuevo León, siendo transferida por la Secretaría de Hacienda a la Tesorería del Estado, que a su vez la transfiere a la Secretaría de Educación para su ministración a los Cendis, cuyo manejo es revisado por la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación, así como por la Auditoría Superior de la Federación y por la Auditoría Superior del Estado.
En 27 años de rendir cuentas, los Cendis no han recibido observación alguna por irregularidades. Sin embargo, el pasado 23 de agosto de 2017, de manera sorpresiva e injustificada la Procuraduría General de la República (PGR) abrió una Carpeta de Investigación y giró instrucciones para proceder de inmediato al aseguramiento precautorio de todas las cuentas en las que apareciera como titular, cotitular, beneficiaria, firmante y/o representante legal María Guadalupe Rodríguez Martínez, su servidora.
Mediante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), a través de su Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, requirió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores asegurar las cuentas, acción ejecutada por Banorte el 31 de agosto, dejando sin salario a 680 trabajadores.
Lo anterior, según la PGR, para proteger los instrumentos y objetos con que se cuenta para acreditar un hecho con apariencia de delito y la probable intervención de quien figure como imputado, evitando que esta lo oculte o dilapide. Todo ello, sin precisar delito o responsabilidad del imputado, sin notificar mediante oficio, citatorio u otro medio y, sobre todo, sin apego al debido proceso legal.
Los Cendis son escuelas públicas que imparten educación inicial, preescolar y primaria, con recursos de origen público y procedencia lícita, gestionados por los diputados federales y locales del Partido del Trabajo.
A lo largo de 27 años, los Cendis han atendido a miles de niñas y niños, siendo reconocidos por la OEA y por el Banco Mundial como Centros de Educación de Clase Mundial, al sumar 47 premios a la calidad educativa a nivel internacional, nacional y estatal.
Gracias a su Modelo de Gestión Educativa, la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica, (la OCDE) los distinguió como Modelo de Referencia Mundial con Mejores Prácticas Educativas.
Con base en el Acuerdo del 8 de diciembre de 2010, la Directora General de los Cendis fue designada por el Secretario de Educación. En tanto, el Reglamento Interno de los Cendis, en su Artículo 8, inciso d), establece que la Directora General será responsable del manejo de recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales y estará obligada a presentar informes de estas actividades a la Autoridad Educativa Estatal…
Embargar salarios ya devengados por los 680 trabajadores durante el mes de agosto, es un atropello a los derechos laborales protegidos por el Artículo 123 de la Carta Magna y por la Ley Federal del Trabajo.
Pero, lo más grave, es bloquear las cuentas para alimentos y operación de los Cendis, siendo una flagrante violación al principio del interés superior de la niñez, mediante el cual la Constitución Mexicana ampara a todas las niñas y a todos los niños, para que el Estado les garantice su derecho humano a la educación obligatoria, gratuita y de calidad (Artículo Tercero), así como su derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad (Artículo Cuarto).
Agravia que la PGR investigue a los Cendis como si fueran parte de la delincuencia organizada e indigna que bloqueen las cuentas por la apariencia de que operamos con recursos de procedencia ilícita.
Congelar o inmovilizar fondos públicos es un acto abusivo, porque las cuentas bancarias están a nombre de la Directora General por disposición legal y porque si procurar justicia es investigar sin la más elemental idea para seguir el rastro al dinero ilícito, preguntamos ¿acaso no saben distinguir a un delincuente de una maestra que trabaja con un modelo educativo exitoso?
Para desbloquear las cuentas de los Cendis, al Gobierno de Nuevo León le pedimos certificar ante la PGR el origen y la procedencia lícita del dinero del pueblo y, sobre todo, resolver el problema de fondo: regularizar plenamente los derechos laborales del personal docente como trabajadores de la educación.
Al Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, le exigimos respeto a los derechos humanos, políticos y sociales, para que ya dejen de perseguirnos por pensar y trabajar diferente.
