Por Lupita Rodríguez Martínez
Monterrey.- La niñez y la juventud constituyen más de la mitad de la población mexicana. Son el presente y futuro de nuestro país.
Por ello, se requiere promover su desarrollo humano integral, con condiciones de igualdad de posibilidades y de oportunidades en todos los ámbitos de la vida, además de ofrecerles educación de calidad, cobertura a la salud y actividades deportivas, así como un medio ambiente sano, sana recreación y esparcimiento cultural.
Garantizar tales necesidades significa precisamente reconocer que en México la población adulta crece cada vez en mayor porcentaje que la niñez y la juventud, lo cual impactará socialmente a mediano y largo plazo, por lo que se necesita reformar el marco jurídico y rediseñar las políticas públicas de atención a las personas adultas mayores.
Con las condiciones actuales de desatención familiar y gubernamental, debido a la carestía de la vida y a la insuficiencia de recursos públicos, las personas adultas mayores requieren especial atención para poder cubrir sus crecientes necesidades que todavía no están legisladas y, por ende, no están estructuradas sus políticas públicas y programas gubernamentales.
De frente a esta situación, nuestra propuesta es reformar conceptos y definiciones en materia de albergues, asilos o casas hogar, residencias o centros de día, en donde se les brinde cuidados y servicios geriátricos, así como reconocer a la Geriatría en la Ley General de Salud como una especialización médica profesional.
También proponemos reformas el sistema de pensiones de los trabajadores asegurados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y afiliados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como reformar el esquema de las Administradoras de Fondos de Retiro (Afores), para evitar desigualdades y traslapes en los planes de pensiones, pero sobre todo para quitarle presión a las finanzas públicas.
Consideramos además promover estímulos fiscales para quienes contraten a adultos de 60 años y más, con el fin de coadyuvar a su reactivación laboral, pero sin dejar de incluirlos en los programas de apoyo económico mensual ya existentes, así como darles acceso a las tecnologías de la información.
Asimismo, impulsar reformas para darles mayor protección contra el maltrato y contra la discriminación, además de tipificar como delito el abandono en el Código Penal y crear la Procuraduría para la Defensa de las Personas Adultas Mayores.
Son reformas urgentes que no deben esperar, porque conforme transcurren los años aumenta el número de adultos mayores y disminuye la población infantil y de jóvenes.
Actualmente en México viven 9.1 millones de personas mayores de 65 años y de acuerdo con en el Consejo Nacional de Población (Conapo), el actual Índice de Envejecimiento de 27.5%, será de 35.9% para el año de 2025 y de 43.3% para el 2030. Es decir, la población menor de 16 años disminuirá de 33.2 millones de personas a 32.7 millones para el 2025 y a 32.5 millones en el 2030, mientras que el grupo de adultos mayores de 65 años aumentará de 9.1 millones a 11.7 millones en el 2025 y a 14 millones en el 2030.
Si bien el proceso de envejecimiento se debe a que la esperanza de vida aumentó, la cual es de 83 años para mujeres y de 81 para hombres, es urgente y oportuno emprender acciones por el bien de la población adulta mayor, antes de que el cambio demográfico nos alcance y nos rebase.
Al respecto, la situación en Nuevo León es de más de 500 mil adultos mayores de 65 años de edad, para quienes debemos dar seguimiento y vigilar que se cumplan las disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley de Instituciones Asistenciales Públicas y Privadas para las Personas Adultas Mayores, con el fin de garantizar su seguridad física y jurídica.
Por ello, vemos con beneplácito la coincidencia de esfuerzos entre el Gobernador y Diputados, a través de la iniciativa de Ley del Instituto de las Personas Adultas Mayores del Estado de Nuevo León, como un proyecto para reforzar el marco jurídico y las políticas públicas que promuevan y protejan un envejecimiento sano y activo desde etapas tempranas y durante todo el ciclo de vida.
